El decreto que lo empezó todo

El 5 de febrero de 2003, con el país saliendo del paro petrolero, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial 37.625 un decreto de control de cambio que fijaba el dólar en 1.600 bolívares y creaba la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. El objetivo declarado era evitar la fuga de capitales y proteger las reservas internacionales.

El objetivo se cumplió a medias: las reservas se estabilizaron durante un tiempo. Lo que no se cumplió fue la promesa implícita de que el dólar oficial sería el precio real. Ya en 2003 el mercado paralelo cotizaba en 2.190, un 37% por encima del oficial. En 2007 llegó a 6.750 contra una tasa oficial de 2.150: más del 200% de brecha.

Seis sistemas, un solo diseño

DesdeSistemaTasas
2003CADIVI1.600 (2.150 desde 2005)
2010CADIVI con tasa dual2,60 y 4,30
2011SITME~8,70 por subasta
2013CENCOEX + Sicad I6,30 y 11,30
2014Sicad I y Sicad II11,30 y 66,80
2015Simadi~198 flotante
2016DIPRO y DICOM10,00 y ~674

Cada esquema nuevo se presentó como una corrección del anterior. Y cada uno terminó produciendo lo mismo: una tasa oficial que nadie usaba y un mercado paralelo que todos usaban. En 2015, con el oficial en 6,30 y el paralelo en 911, la brecha era del 14.362%. En 2016, contra el DIPRO de 10,00 bolívares, llegó al 32.000%; en 2017, contra esa misma tasa de 10,00 y con el paralelo en 112.800, superó el millón por ciento.

El subsidio invisible: quien conseguía dólares a la tasa preferencial recibía de inmediato un activo que en el mercado valía varias veces más. No hacía falta producir nada para ganar: bastaba con estar en la lista. Ese es el motivo por el cual los controles de cambio generan corrupción de manera estructural, no por defecto moral, sino por diseño aritmético.

Lo que costó

El costo se puede medir de tres maneras y las tres apuntan al mismo lado. Primero, el costo directo sobre la producción: las empresas que no podían importar insumos a la tasa oficial compraban insumos en el paralelo, con lo que sus costos subían y su competitividad caía.

Segundo, el costo fiscal: el subsidio cambiario es un gasto público que no aparece en el presupuesto y que se paga con reservas, es decir, con dinero que el país tenía. Tercero, el costo institucional: quince años de administrar privilegios dejaron una red de relaciones entre funcionarios y empresarios que resulta, a esta altura, indistinguible de la corrupción.

Cómo terminó

El 2 de agosto de 2018, un decreto constituyente derogó la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y abrió paso a la libre convertibilidad. El 7 de septiembre, el Convenio Cambiario n.º 1 confirmó la flotación. Quince años de control se desmontaron en cinco semanas.

No fue una conversión ideológica. Fue el reconocimiento de que el sistema ya no podía operar: la hiperinflación había dejado al mercado paralelo como el único precio real, y las reservas del banco central ya no alcanzaban para sostener el subsidio. Venezuela no abandonó el control de cambios porque hubiera aprendido la lección, sino porque se quedó sin caja.