Una moneda que perdió tres funciones
Una moneda cumple tres tareas: permite medir precios, pagar y guardar valor. El bolívar perdió la tercera primero: con inflaciones mensuales de dos y tres dígitos, guardar dinero en bolívares era una manera de perderlo. Después perdió la segunda, cuando el efectivo dejó de alcanzar para cualquier compra significativa y las tarjetas funcionaban con límites absurdos frente a los precios. La primera —medir precios— es la última en irse, porque es la más incómoda de reemplazar.
Cuando eso ocurre, la dolarización deja de ser una preferencia ideológica y se convierte en una decisión de supervivencia. Nadie eligió el dólar por admiración: se eligió porque era la única unidad disponible que conservaba valor de una semana a la siguiente.
Las oleadas
El proceso ocurrió en oleadas que se superpusieron. En 2019, tras dos años de hiperinflación, el comercio formal empezó a aceptar billetes para no perder ventas. El bolívar sobrevivía como unidad de cuenta pero no como medio de pago.
En 2020, con la pandemia y una caída anual del bolívar soberano de 99,9%, el dólar entró al salario informal: quien podía cobraba en divisas, y quien no podía quedaba atrapado en la moneda que caía. La dolarización no llegó a todos al mismo tiempo: llegó primero a quien tenía opciones.
Entre 2021 y 2022, después de la tercera reconversión y con el anclaje cambiario sosteniendo la tasa a punta de ventas de divisas, los precios de referencia pasaron a fijarse mentalmente en dólares y a convertirse a bolívares el día del pago. El bolívar dejó de ser la unidad de valor y pasó a ser la unidad de conversión. Es un cambio profundo y silencioso: basta con escuchar cómo cotiza un albañil.
Desde 2023 el proceso llegó a la banca formal: cuentas en divisas, tarjetas internacionales, pagos con cargo en dólares. La dolarización terminó siendo contabilidad.
Lo que no resolvió
Una economía dolarizada no elimina la inestabilidad monetaria: la reparte de otra forma. Los ingresos que no pueden dolarizarse —jubilaciones, sueldos públicos, salario mínimo, contratos en bolívares— siguen expuestos a la devaluación. El salario mínimo venezolano está congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, lo que a la tasa de septiembre de 2026 equivale a centavos de dólar mensuales.
En la práctica, el país adoptó una moneda fuerte para protegerse y conservó la moneda débil para pagar a la gente que no tiene alternativa. Eso no es una crítica al dólar: es la descripción de quién terminó pagando el ajuste.
El impuesto a la huida
En febrero de 2022 el Estado reconoció el fenómeno por la vía fiscal: creó el IGTF, un 3% sobre cada pago realizado en divisas o criptomonedas. A eso se suman comisiones bancarias del 0,8% en retiros de dólares y 0,25% en compras.
La aritmética de una decisión personal queda así: usar el bolívar cuesta, en 2026, cerca de 185% de poder de compra al año. Usar el dólar cuesta alrededor del 4% en impuestos y comisiones. La conclusión no requiere ideología.
Se puede revertir
Técnicamente, sí: se puede forzar la desdolarización con controles, conversiones obligatorias y precios administrados. Todos los intentos conocidos comparten el mismo resultado: menos divisas circulando por canales legales y el mismo problema intacto. Venezuela ya recorrió esa vía entre 2003 y 2018, y el resultado fue una brecha cambiaria que en 2016 fue del 32.000% y en 2017 superó el millón por ciento.
La otra vía —la única no ensayada— es reconstruir la confianza en el bolívar haciendo que el bolívar merezca confianza. Eso implica abandonar el financiamiento del déficit con emisión, dejar de administrar el precio de la divisa y aceptar que la moneda es un contrato con los ciudadanos que no se sostiene con publicidad oficial.
Mientras eso no ocurra, la dolarización no será reversible: será administrada. Y administrar una derrota es una forma lenta de confirmarla.